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El consumidor colombiano dentro de la OCDE

Un sinnúmero de veces se ha escrito en torno al tema del Estatuto del consumidor, sin embargo, muchos no entendíamos por qué si existía un anterior estatuto sobre la materia, debíamos tener otra regulación frente a lo mismo. Algunos, incluyéndome, pensamos que era otra medida desesperada del gobierno colombiano por seguir llenando los anaqueles dispersos, confusos y contradictorios que coexisten en nuestra normatividad legal. Por ello, me di a la tarea de ahondar un poco en esta disyuntiva y encontré que durante 29 años desde la expedición del decreto 3466 de 1982, el legislador colombiano en un intento por ir acomodando, adaptando y amañando la norma a las nuevas realidades económicas nacionales e internacionales, reglamentó en múltiples oportunidades el anterior estatuto; lo que obviamente, y no es desconocido por mis colegas, hacia muy dificultoso la práctica y la aplicación de la norma a los casos concretos y a la nueva apertura comercial a la que nos hemos vistos abocados desde el año 1991. Cabe advertir, que ni siquiera la propia jurisprudencia pudo unificar sus criterios para desentrañar la vaguedad coetánea en cuanto la defensa de los derechos del consumidor, y las relaciones de consumo con los productores y proveedores.

El avance de la tecnología, la globalización de los mercados, la internacionalización del derecho, la apertura comercial colombiana hacia otras latitudes; entre otros factores, considero, fueron determinantes para estar a unísono con la vanguardia de países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Chile, México, Bélgica; etcétera. Y hago puntual referencia a estos países y a otros 26 que se quedan en el tintero, porque éstos conforman el selecto grupo denominado -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos-, o más conocida, por sus siglas OCDE. Tal Organización fundada en el año 1961, tiene como misión primordial promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo; empero, hacer parte de la misma no es tarea de simple “anotación”, porque aunque esta élite tenga propósitos altruistas, filántropos y bondadosos, se requiere que el país que quiera adherirse a tal Corporación, tenga unas políticas muy estrictas en materia mercantil, para convertirse no en un miembro más, sino en un mero candidato para el estudio de admisión.

A partir de 1991, con el Gobierno del ex presidente César Gaviria, se comenzó a generar la apertura de los mercados en Colombia, y con este marco histórico, la gran debacle de los gremios textiles, tabaqueros, cafeteros, agrícolas; en fin, y en resumidas cuentas “La gran quiebra de muchas de nuestras empresas”. Sólo con el TLC suscrito con EEUU, se vislumbró la necesidad imperante de crear instrumentos que le permitirán a los productores y proveedores Colombianos, defenderse de una escala de mercados a la que todavía siquiera estamos preparados para enfrentar.

En este corto recuento para abril de 2012, no sólo los exportadores habían afrontado una suerte de medidas no arancelarias que aumentaban sus costos, sino también para el caso de los empresarios que operaban en el mercado local, quienes aún han tenido que defenderse con “Las uñas” de la entrada de competidores que los han dejado en clara desventaja, terminado en muchos casos en la expulsión del mercado de los operadores nacionales que no se sumen a ellos. De todo este panorama, de tristes episodios, fuertes debates y largas esperas de lobby, el Consumidor al que estaban destinados los productos locales y entrantes, tenía que seguirse sometiendo a la legislación y al Derecho que sobre la materia creara un juez de conocimiento.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe, ya había ilustrado la gran dificultad en la que todos los colombianos estábamos inmersos con toda esta globalización, pero sólo hasta el actual gobierno, surgió una herramienta con suficientemente retórica que permitiese estar a la vanguardia de las legislaciones progresistas del mundo y obviamente, con un visto positivo que nos permitiese soñar hacer parte de la OCDE. Este instrumento jurídico, es la ley 1480 de 2011, la cual comenzó a regir desde el 12 de abril de 2012 y mediante la cual ahora los colombianos podemos hacer efectivas las mieles de adquirir productos que cuenten con la suficiente seguridad, calidad y eficiencia.

Escrito por:
Karime López Torres
Abogada Provicrédito S.A.
Especialista en derecho comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana

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