Asignación de apoyo

En Colombia las personas tienen plena garantía para el ejercicio de sus derechos, por ello, en consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integra el bloque de constitucionalidad, se promulgó la Ley 1996 de 2019, que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, eliminando del ordenamiento jurídico la figura de la interdicción de las personas, que consistía en la limitación o pérdida de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad o trastorno mental. Esto implicaba para el interdicto, no poder tomar decisiones sobre asuntos relativos a su vida personal y patrimonial.

 

Por el contrario, en búsqueda de una efectiva garantía del derecho de la personas a autodeterminarse, la referida Ley creó la figura de la Asignación de Apoyo, entendida en la asistencia que le puede brindar un tercero a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal, incluyendo la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.

 

Dentro del anterior contexto, la Ley concibe dos formas para la asignación de los apoyos para que estas personas puedan realizar actos jurídicos: la designación de apoyos a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según el caso, denominado adjudicación judicial de apoyos que se adelanta ante un Juez de Familia , y, la celebración de acuerdos ante un Notario mediante el otorgamiento de una escritura pública suscrita por la persona titular del acto jurídico y la o las personas naturales mayores de edad o jurídicas que actúen como apoyos.

 

De tal forma que a través de esta figura actualmente las personas con discapacidad o trastorno mental pueden realizar sus actos jurídicos de manera asistida, sin que en ningún momento vean restringidos sus derechos, garantizando la efectiva realización del derecho a la capacidad legal que todos tenemos.

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